Parlamentarios de la Concertación realizan autocrítica por certificados a falsos exonerados
El secretario general de la UDI y senador por el Biobío, Víctor Pérez, advirtió que "todo esto fue un procedimiento de manejo exclusivo" del bloque opositor.
M. Sepúlveda, B. Covarrubias y C. Carvajal
Una investigación acuciosa de los casos en los que se sospeche que hubo irregularidades en el otorgamiento del beneficio de exonerado político y la entrega de antecedentes por parte de todos los actores involucrados.
En ello coincidieron parlamentarios de distintos sectores de la Concertación -especialmente los que representan a Biobío- luego que el senador por la región Hosaín Sabag (DC) revelara ayer a "El Mercurio" la existencia allí de una "verdadera maquinaria", especializada en la tramitación de este tipo de pensiones.
La diputada socialista Clemira Pacheco -que representa a Coronel, Penco y Tomé- advirtió que los casos viciados son un grave perjuicio a la reparación por los daños cometidos contra los DD.HH., por lo que deben ser perseguidos por la Justicia.
Además, hizo una dura autocrítica respecto de la forma de actuar del bloque, pues "en el momento que se hicieron estas leyes debió existir un trabajo más proactivo y una mayor rigurosidad, porque así como hay casos minoritarios que no debieron tramitarse, muchos quedaron fuera de las listas".
Una opinión similar es la de su par DC José Miguel Ortiz -diputado por Chiguayante, Concepción y San Pedro de la Paz- quien también reconoce la posibilidad de que existan casos fraudulentos, "los que claramente tienen que ser investigados". Aún así, aseguró que más del 90% de quienes se acogieron a las leyes hicieron un uso legítimo de esos beneficios".
El senador DC Jorge Pizarro refrendó los dichos de Pérez en cuanto a que "si hay gente que ha falseado antecedentes, hay que llevarlos a los tribunales que correspondan", pero también resaltó la importancia de que todos los actores involucrados entreguen a la justicia la información de la que disponen.
"Lo mejor en este caso sería que todas las personas que entregaron certificados sobre exonerados entreguen los antecedentes correspondientes. Eso incluye a los parlamentarios y dirigentes sociales. No entiendo que hoy hayan diputados y senadores que se queden callados por ese tema", aseveró Pizarro, quien aclara que nunca firmó este tipo de certificados.
Uso electoral
Otro que "jamás" firmó un documento similar es el secretario general y senador de la UDI, Víctor Pérez, representante de la Región del Biobío Sur.
El parlamentario subrayó que "este procedimiento fue de manejo exclusivo de la Concertación", y acusó la creación de "una verdadera industria para entregar pensiones a personas que no las merecían a cambio de favores electorales".
Ello, precisó, implica un fraude al Estado que debe investigarse en toda su dimensión, incluyendo a quienes firmaron los certificados.
Allendes confesó que falseó relatos también por reparación de DD.HH.
El único imputado por el caso exonerados, Julio Allendes Allendes, confesó ante la fiscal Ximena Chong que no sólo realizó postulaciones de personas con antecedentes "falsos" de exonerados políticos, sino también por reparación de derechos humanos. "Los tramité con antecedentes falsos que ellos mismos proporcionaron (...) todos de la Novena y Primera Región", dijo en su declaración. Sobre los falsos exonerados reveló que "fueron calificados con relatos falsos y actualmente están recibiendo beneficios".
Según su declaración, los beneficiados son: los hermanos Eleuterio, Marcelino y María Llanquimán Llanquimán. El primero de la comuna de Junco, y los dos siguientes de Loncoche. En Santiago dice haber realizado tres postulaciones, "pero ninguna tuvo resultados positivos".
Las solicitudes se realizaron fuera de plazo, presentando la documentación sin fecha de ingreso, lo cual le era permitido "por algunos funcionarios del Programa de Exonerados Políticos, como son Francisco Rojas y otro de apellido Croari". A cambio de la ayuda, los invitaba a comer "algún alimento en algún negocio cercano o les regalaba cigarrillos. Nunca les entregué dinero", afirmó.
A CONTAR DEL 15 DE OCTUBRE SE HA REINICIADO LA CALIFICACION DE LOS REZAGADOS O RECHAZADOS EN PRIMERA INSTANCIA.
El Ministerio del Interior de Chile, a petición del Presidente de la República tiene la obligación de calificar un mínimo de 10 carpetas diarias de todos los postulantes a exoneración sin ninguna distinción de lugar o motivo, hasta terminar con la última carpeta de exonerado.
En forma paralela se está investigando por medio de la Fiscalía de la República el otorgamiento de beneficios a los eternos oportunistas, quienes deberán devolver el dinero cobrado bajo pena de juicio por Robo al Fisco.
